Y sí, se reventó la coalición de gobierno mucho más temprano de lo esperado. La paciencia de Petro se agotó y el Presidente explotó súbitamente en contra de los partidos tradicionales, quienes defendieron legítimamente unas líneas rojas en la reforma a la salud y no se arrodillaron ante el primer mandatario. Un panorama que reconfigura por completo el mapa político y deja varias preguntas abiertas de cara a lo que se viene.
En primer lugar, la fractura de la coalición implica que el Gobierno ya no tiene mayorías en el Congreso. La U, los Liberales y Conservadores son quienes deciden si los proyectos se aprueban o no y sin su apoyo la Casa de Nariño no tiene margen de maniobra. Por eso, extraña que en vez de tenerlos cerca y acoger sus observaciones, Petro haya decidido maltratarlos, alejarse del centro y radicalizarse.
En segundo lugar, habrá que ver qué camino toma ahora el Presidente. La primera opción, es gobernar por decreto y desconocer al Congreso. El problema es que esto no le permite sacar adelante las reformas estructurales que prometió en campaña y que le generaron el desgaste con el legislativo. La segunda alternativa, es decretar un estado de excepción e intentar que a través de decretos con fuerza de ley se lleven a cabo las reformas. El inconveniente es que estos decretos especiales tienen control automático por parte de la Corte Constitucional, quien históricamente no ha permitido que se use esta figura para tomar acciones que no guarden relación con la emergencia.
La tercera vía, y la más peligrosa, es una constituyente, la cual no tiene límites y es una verdadera caja de pandora donde cualquier cosa puede pasar. Petro esperó 30 años para llegar al poder y ahora que está en el Solio de Bolívar es bastante improbable que se quede quieto mientras el Congreso hunde sus proyectos. Sin reelección y con tres años restantes de mandato, no tiene tiempo para perder y el único camino que le permitiría llevar a cabo los cambios radicales que pretende es una nueva constitución.
Sin embargo, será imposible llevarla a cabo mientras su desfavorabilidad siga tan alta. Eso sí, cualquiera sea el camino que coja el Presidente, es claro que va a usar una narrativa de odio contra las instituciones y va a culpar al Congreso de su fracaso legislativo. “La oligarquía no dejó gobernar a Petro” es lo que vamos a escuchar dentro de poco.
En tercer lugar, no sería raro que Roy Barreras renuncie a la Presidencia del Senado a finales de mayo aduciendo problemas de salud, de tal forma que no asuma el costo político del fracaso legislativo del Gobierno y recuerde las advertencias que con total acierto ha hecho desde comienzo de año: los Ministros tardaron demasiado en presentar los proyectos, en las sesiones extras de febrero no se dio primer debate a ningún proyecto y en escazas ocho semanas es imposible destrabar la congestión legislativa que hay en el Capitolio. Sencillamente el tiempo no da.
En cuarto lugar, la única alternativa que queda para intentar sacar adelante los proyectos del Gobierno es llamar a sesiones extras a mitad de año. El problema, es que los congresistas ya arrancan las campañas para las elecciones territoriales de octubre y muy difícilmente estarán dispuestos a sesionar varios días en Bogotá cuando necesitan recorrer sus regiones. Si se convocan las extras, es mayor el desgaste que puede asumir el ejecutivo con el Parlamento.
En sexto lugar, con la coalición rota y sin representación en el gabinete, no sería raro que los partidos tradicionales decidan romper los acuerdos en el Congreso y cambien la composición de las mesas directivas de Cámara y Senado, de tal forma que la Presidencia de ambas corporaciones quede en manos de sectores independientes, lo cual dificultaría aún más el margen de maniobra del Gobierno y permitiría ejercer un mayor control al Presidente.
Lo único cierto por ahora es que el panorama se ve incierto. Petro sacó a los sectores moderados del gabinete y se radicalizó. Se está repitiendo la historia de la Alcaldía de Bogotá y el futuro del País no es nada prometedor. El contrapeso al Gobierno depende de las elecciones territoriales de octubre y si los partidos tradicionales triunfan en los comicios, el rompimiento con la Casa de Nariño podría ser definitivo.