Esta semana llegó a la Plenaria del Senado el Acuerdo de Escazú. Un instrumento internacional frente al cual se ha hecho demasiada publicidad por parte de la oposición y las ONG, pero que lejos de generar una protección efectiva al medio ambiente aumentaría aún más la ya maltrecha inseguridad jurídica que tenemos en Colombia para los proyectos de inversión.
En primer lugar, es la hora en que no se entiende cómo este proyecto logró ser aprobado en la Comisión Segunda del Senado. A pesar que los partidos que tienen discrepancias con el Acuerdo son mayoría en esa célula legislativa, la oposición pudo conformar el quórum necesario debido a una falta de atención de los parlamentarios y el Gobierno. Un error de principiantes que hoy se está pagando.
En segundo lugar, no hay que ser un genio para darse cuenta que detrás de Escazú se esconde un negocio bastante jugoso para las ONG cuya fuente principal de financiamiento son las demandas que interponen contra el Estado. Sí, las mismas que no escatiman esfuerzos para pedir millonarias condenas en los estrados judiciales y que han desplegado un fuerte lobby mediático para que el Congreso apruebe esta iniciativa.
Y digo esto porque la estructura misma del Acuerdo así lo permite. En efecto, este instrumento pretende tres grandes cosas: la primera, que cualquier persona pueda tener acceso a la información ambiental. La segunda, garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. La tercera, proteger el derecho a la justicia ambiental.
Frente a los dos primeros objetivos la situación es bastante clara: las solicitudes de información y de participación pública llegarán a tal punto que se convertirán en un dañino sabotaje que no permitirá aprobar ninguna iniciativa. En otras palabras, es empeorarán aún más los problemas que ya tenemos con la consulta previa, donde las cabezas de algunas comunidades étnicas, que controlan el 30.10% de la tierra del País, terminan extorsionando a los empresarios e impiden la ejecución de las obras hasta que no se llegue a un acuerdo económico que casi nunca beneficia a la base de los grupos.
Respecto al tercer propósito, las consecuencias son peores: hay una legitimación activa amplia, se invierte la carga de la prueba y se permite el decreto de medidas cautelares. Es decir, los inversionistas no solo tendrán que cumplir con la licencia ambiental y la consulta previa, sino que además deberán entregar toda la información que les soliciten, tendrán que garantizar la participación de todo aquel que esté interesado en el proceso, podrán ser demandados por casi cualquier persona, deberán probar en detalle que están cumpliendo con todos los requisitos y un juez podrá detener el proyecto cuando quiera.
Claramente, un ciudadano de a pie no se va a poner a adelantar todos estos trámites, pero las ONG sí. Ellas, que son expertas en interponer demandas a nivel nacional e internacional, utilizarían las disposiciones de este instrumento para detener a través de todos estos trámites burocráticos y judiciales la construcción de carreteras, puentes, hidroeléctricas y, básicamente, cualquier proyecto de inversión que no les guste.
Una circunstancia bastante peligrosa que dificultaría aún más las condiciones para invertir en Colombia, generar desarrollo y crear empleo en las regiones. El mundo al revés. En vez de regular la desbordada consulta previa y agilizar el extenso trámite de aprobación de las licencias ambientales, aspectos que deberían ser prioritarios en la agenda legislativa de cualquier Gobierno, se prefiere discutir un Acuerdo que complica las cosas sin necesidad.
Por eso, como bancada nos retiramos de la discusión y votación del proyecto y seguiremos haciendo lo propio cada vez que sea necesario. No podemos ser indiferentes a las necesidades de las regiones de tener una mayor inyección de recursos para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos y a la urgencia que existe para las empresas y los inversionistas de tener seguridad jurídica. Algo que ni siquiera debería ser objeto de discusión, pero que, increíblemente, no hemos logrado conseguir después de tantos años.