
Por: Nicolás Pérez
Sura, Compensar y Sanitas, tres de las EPS más grandes del País, anunciaron que no tienen fondos para cubrir la atención de sus 13 millones de afiliados después de septiembre. La situación financiera es crítica y el Gobierno sería el directo responsable de una crisis que, dicho sea de paso, ambientaría el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. Aquí les explico por qué.
De acuerdo a la Ley, el Gobierno les reconoce a las EPS el pago de un monto fijo por año por cada afiliado que tienen a través de una figura llamada Unidad de Pago por Capitación -UPC-. Esa es la forma en que estas empresas financian la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios de salud -el antiguo POS-, la cual responde a un cálculo técnico que realiza el Ministerio de Salud.
Esta UPC, vale señalar, tiene varias fuentes de financiación, tales como los aportes que mensualmente realizan trabajadores e independientes formales que se encuentran en el régimen contributivo y varias contribuciones que provienen del sector público para garantizar el funcionamiento del régimen subsidiado.
Por otro lado, para cubrir las atenciones que no están incluidas en el plan de beneficios, tales como tratamientos o medicamentos de mayor costo o no tan convencionales, el Ministerio fija un rubro anual que le transfiere a las EPS denominado presupuestos máximos, el cual actúa como una bolsa a la cual acuden estas empresas para pagar esos servicios adicionales.
Estos presupuestos no se financian con la UPC, sino con el Presupuesto General de la Nación. La idea de esta figura, que entró a regir desde 2020, es que las EPS reciban esos recursos de forma previa a pagar los tratamientos no incluidos, lo cual repercute en una mejor atención a los pacientes y una mayor sostenibilidad financiera de estas instituciones.
Antes de este modelo, las EPS cubrían de su bolsillo los tratamientos no POS y después le cobraban lo pagado al Adres, una dependencia del Ministerio de Salud. El problema, es que estos recobros tardaban demasiado tiempo en hacerse y en muchas ocasiones estaban inmersas en problemas de corrupción.
Como puede observarse, si bien la Ley 100 es la que fija la estructura del modelo de salud, el Presidente tiene en sus manos el manejo de los recursos. Y quien controla el dinero, controla el sistema. Por eso, es que el Gobierno no necesita que el Congreso apruebe la reforma a la salud para acabar con la EPS. El Ministerio puede hacerlo directamente fijando el monto de la UPC y los presupuestos máximos en valores que no logren cubrir el costo de los servicios.
En otras palabras, si el Gobierno le entrega a las EPS menos recursos de los que ellas necesitan, indiscutiblemente las llevará a la quiebra. Y eso es lo que está pasando.
En efecto, debido al alza del dólar, el rezago de la pandemia y una mayor inflación los costos de la atención en salud han aumentado, razón por la cual el gremio de las EPS le pidió al Ministerio de Salud que incrementara la UPC para 2023, como mínimo, en un 18%. Sin embargo, el Gobierno decretó un aumento de 16.3%, lo cual fue insuficiente.
De hecho, cuando se discutió la adición presupuestal en junio el mismo gremio indicó que el sector salud requería $10.4 billones para subsistir, pero el Ministerio de Hacienda solo aprobó un incremento de $2 billones, con lo cual quedó un déficit de $8 billones que hoy está pagando factura.
De ahí que la situación sea crítica hoy. Las EPS más grandes del País no solamente proyectan pérdidas superiores a los $100.000 millones anuales por cada una, sino que a mediano plazo no tendrán flujo de caja para seguir subsistiendo. Además, nada más por concepto de presupuestos máximos a enero de este año el Gobierno les debía a las EPS $2.6 billones por las atenciones prestadas en 2021 y 2022. Sencillamente no hay bolsillo que aguante esas cifras.
Y todo es responsabilidad del Gobierno, quien tiene en sus manos la posibilidad de hacer un ajuste a la UPC y a los presupuestos máximos que garantice la sostenibilidad del sistema, pero que decide no hacerlo para propiciar su crisis y ambientar la necesidad de reformar el sistema. Justamente el plan que empezó a implementar Carolina Corcho desde el año pasado. No es nada alentador el panorama.