Por: Nicolás Pérez
Esta semana el Gobierno anunció que incrementará el salario mínimo un 16% y el auxilio de transporte un 20%. Aunque estas cifras suenan interesantes y le permiten al ejecutivo sacar pecho ante los trabajadores, tienen un trasfondo especial que hay que analizar con detenimiento.
Por un lado, lo importante en la discusión del mínimo no es cuánto incrementa en términos generales, sino cuál es la variación real. Me explico: por ley el salario mínimo no puede crecer por debajo de la inflación, dado que el Estado busca proteger la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el Índice de Precios al Consumidor -IPC- es del 5%, el mínimo no puede aumentar menos del 5%.
Por eso, en el lenguaje económico se habla del incremento real, o sea, cuántos puntos por encima de la inflación crece el salario mínimo. Ese es el verdadero tema a analizar en esta discusión. En este contexto, para el 2023 el aumento real será de 3.36%, toda vez que la inflación se proyecta en 12.64%. Una cifra que, si bien es considerable, no es la más alta de los últimos años y no sé hasta qué punto es la más conveniente con nuestra angustiosa situación actual.
En efecto, una cosa es decretar considerables incrementos reales del mínimo cuando el marco tributario es favorable para la inversión y las empresas pueden hacer un esfuerzo extra para ayudar al empleado, tal como ocurrió el año pasado, donde el aumento real fue del 4.45% y la Ley de Crecimiento Económico de 2019 estaba vigente con todos sus incentivos para el desarrollo empresarial como el descuento del ICA, el régimen de mega inversiones o la exención de renta a las inversiones agroindustriales.
Sin embargo, otro es el panorama este año. La tributaria que impulsó el Gobierno desmontó todos los incentivos que tanto funcionaron para que en 2019 el País tuviera la cifra más alta de crecimiento económico e inversión extranjera directa en seis años. La carga impositiva aumentó de forma significativa para buena parte del sector productivo y un aumento tan alto del mínimo puede golpear los procesos de emprendimiento.
En especial, porque cada puesto de trabajo formal le costará a los empleadores $1.9 millones, ya que a los $1.160.000 del básico hay que sumar cesantías, vacaciones, primas, seguridad social, dotación, etc. Por eso, uno de los dos grandes sustos con este incremento tan alto es que el sector productivo se quede sin recursos para mantener las nóminas actuales y deba recortar plazas de trabajo para hacer viable su operación. Recordemos que ahora, con el mismo presupuesto, deberán pagar más impuestos, lo que se traduce en menos capital disponible para cubrir los gastos de operación y un riesgo latente de aumentar el desempleo. Al fin y al cabo, no solo se vuelve más caro contratar nuevo personal, sino también mantener parte de la nómina vigente.
Por ello, desde el Senado siempre defendí la idea de bajar impuestos y subir salarios. Es mejor que los recursos del sector productivo se vayan al bolsillo del trabajador y no a financiar burocracia innecesaria en el aparato estatal.
La otra preocupación es que el alza del mínimo derive en un efecto inflacionario que empeore la situación actual. Y aunque el Gobierno anuncie que sacará un Decreto para que el precio de ciertos productos básicos no incrementen con el IPC, lo cierto es que la inflación no se controla expidiendo normas, sino limitando la cantidad de dinero que circula en el mercado.
Al fin y al cabo, entre más demanda haya de bienes y servicios más aumentará su valor. Y ese es un riesgo que se corre con aumentos altos del salario. Los trabajadores pueden sentir la falsa percepción de percibir más recursos y proceden a gastarlos vía consumo, pero después padecen las consecuencias de no poder cubrir el alza del IPC. En otras palabras, ahí es cuando la plata no alcanza a fin de mes porque todo está caro.
Ojalá, por el bien del País, que esa dinámica no ocurra en grandes proporciones y la política monetaria permita bajar la inflación. De lo contrario, no habrá incremento del mínimo que aguante ni empresa que lo resista.