Por: Nicolás Pérez
Adicional a la reforma a la salud y a las pensiones, el Gobierno trabaja en la reforma laboral. Un proyecto que no ha tenido mayor repercusión en los medios y no ha centrado la atención de los sectores políticos como si lo han hecho las otras dos iniciativas, pero que podría tener repercusiones igual de peligrosas.
En efecto, de lo poco que se sabe hasta ahora se prevé que con la reforma el pago de la jornada nocturna, o sea las famosas horas extras, inicie desde las 6pm y no a las 9pm como ocurre hoy en día. Una vieja lucha de las centrales obreras que ilusiona a los trabajadores, pero que puede significar la pérdida masiva de empleos.
Por ejemplo, se estima que el ajuste en los recargos nocturnos puede llegar a incrementar los costos por trabajador en un 35%. Un alza que hasta cierto punto pueden llegar a soportar las grandes compañías que tienen un músculo financiero robusto, pero no necesariamente las mipymes que crean el 78% de los empleos en Colombia.
Pensemos, por poner un caso, en las papelerías, misceláneas o peluquerías de los barrios que normalmente trabajan hasta las 9pm. Con el régimen actual pueden operar hasta esa hora sin incurrir en costos laborales adicionales, pero con la eventual reforma tendrían que asumir el pago de tres horas extras diarias por cada empleado, lo cual deriva en tres escenarios.
El primero, deben subir los precios de los bienes y servicios que venden para compensar los nuevos costos laborales, pero con ello pierden competitividad en el mercado frente a las grandes superficies.
El segundo, se ven obligados a disminuir los salarios de los empleados o a prescindir de parte de ellos, con lo cual se dispara el desempleo y la capacidad adquisitiva de los trabajadores.
El tercero, deben cerrar el negocio a las 6pm para no asumir el pago de las extras, lo que implica dejar de vender durante tres horas que, dependiendo del negocio, pueden ser las más concurridas del día.
En cualquier escenario las consecuencias son preocupantes. La informalidad en Colombia asciende al 58.2% y si se disparan los costos laborales con la reforma, no logramos nada distinto a generar desempleo o a hacer cada vez más difícil la formalización de los negocios.
Adicional a lo anterior, otros temas álgidos que pueden llegar a surgir en la reforma son la ampliación de la licencia de paternidad, la modificación de las normas que regulan el término de preaviso a las empresas en caso de renuncia del trabajador o la regulación de las plataformas. Medidas que hay que analizar con lupa para que no creen un efecto adverso, sobre todo en un contexto donde la carga impositiva subió con la reforma tributaria, tenemos la inflación más alta del siglo y los créditos están por las nubes tras la constante alza de las tasas de interés.
Ahora bien, lo que sí es cierto es que el Gobierno no puede seguir improvisando con el manejo político de estos proyectos. No es conveniente que se genere una especulación en torno a un articulado que nadie conoce, que se maneja con total hermetismo y que no es socializado previamente con los partidos y los gremios.
Tanto por el bien del Gobierno como por estabilidad jurídica y certeza económica, los textos de este tipo de iniciativas deben ser el resultado del mayor consenso posible. El mercado tiene derecho a conocer cuál es la intención del ejecutivo y qué medidas se pretenden adoptar. Hacer lo contrario, como ha ocurrido con las reformas a la salud y pensional, no logra nada distinto a crear un ambiente de desconfianza que solo permite prever que lo peor está por venir.
