Por: Nicolás Pérez
Colombia terminó el 2022 con el costo de vida por las nubes. La inflación llegó al punto más alto del siglo y los más perjudicados son los hogares vulnerables. Y lo peor, es que las decisiones del Gobierno, lejos de ayudar a disminuir el valor de los bienes y servicios, están propiciando todas las condiciones para que estos no tengan forma de bajar.
Como he venido diciendo desde hace algunos meses, la inflación que vivimos ahora es, principalmente, consecuencia del exceso de liquidez que se generó en 2020 y 2021 para mitigar los efectos de la pandemia. En ese momento se disminuyeron sustancialmente las tasas de interés y a nivel global los Gobiernos inyectaron recursos considerables para que los hogares tuvieran capacidad de gasto mientras se perdían millones de empleos. Era lo que tocaba hacer ante una situación extraordinaria que no se vivía hace un siglo.
Por eso todos los países, no solo Colombia, sufrieron el mismo fenómeno alcista en 2022. Sin embargo, nosotros, a diferencia de los demás, tuvimos que padecer un paro infame que afectó principalmente la producción agropecuaria, a tal punto que entre mayo de 2021 y julio de 2022 la inflación de alimentos creció 9 puntos porcentuales más que en las otras naciones de la región.
Y no es para menos. Durante un par de meses las carreteras estuvieron bloqueadas e inexplicablemente el Gobierno de entonces tardó una eternidad para levantar las barricadas. Varios Departamentos estuvieron incomunicados y miles de toneladas de alimentos se perdieron, lo cual causó innumerables pérdidas que posteriormente fueron trasladadas a los consumidores vía incremento de precios.
Por ello, mientras que la inflación general del 2022 cerró en 13.12%, este indicador para los alimentos se ubicó en 27.81%. Esa cifra no fue fortuita.
Ahora bien, a pesar que la inflación fue un efecto global y el paro contribuyó, lo cierto es que el Gobierno Petro está haciendo todo lo posible para que el costo de vida no disminuya. Quizás no de forma intencionada, pero sí como consecuencia de sus decisiones.
Por ejemplo, en la reforma tributaria se aumentaron los impuestos a las gaseosas, las bebidas procesadas, los productos de panadería, los embutidos, los alimentos con azucares, entre otros. Es decir, el mecato de los hogares. Una medida que entrará a regir este año y que encarecerá aún más, junto con el impuesto a los plásticos de un solo uso que se utilizan para transportar la comida, el mercado de las familias.
Así mismo, desmontar el incentivo tributario que establecimos en el Congreso anterior para el sector aéreo y que permitió disminuir el IVA de los tiquetes aéreos del 19% al 5% terminará encareciendo entre un 30% y 40% su precio, lo que significará un duro golpe para las zonas turísticas del País.
Y por si eso no fuese suficiente, en menos de seis meses el Gobierno ha aumentado $1.000 el precio de la gasolina. Claro, todos sabemos que es necesario reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pero no sé hasta qué punto este es el momento más propicio para hacerlo.
Sobre todo, porque el subsidio a la gasolina tiene una incidencia directa en el costo de vida. Todos los bienes requieren ser transportados y entre más caro salga tanquear un carro, camión o bus, más dinero deberán destinar los consumidores para adquirirlos. Y una cosa es resistir ese mayor costo con una inflación menor al 5% que con una de dos dígitos.
En últimas, en vez de apagar el incendio, el Gobierno le está echando más leña al fuego. Mientras el Banco de la República hace lo propio y sube las tasas de interés para recoger el exceso de dinero circulando en el mercado, el afán del ejecutivo de aumentar el recaudo e incrementar el gasto público deriva en un alza de la inflación, la cual termina fungiendo como una especie de impuesto adicional que afecta a los más vulnerables.
Además, los constantes mensajes errados de los funcionarios del Gobierno han generado una incertidumbre en los mercados que ha disparado, entre otras razones, el precio del dólar, lo cual también genera un efecto inflacionario, ya que buena parte de los insumos que utilizamos en Colombia en sectores como el agropecuario se importan del exterior.