Por: Nicolás Pérez
Todo parece indicar que estamos presenciando el prematuro fin de la coalición de gobierno. La calma de los primeros meses de esta administración rápidamente se esfumó con la radicación de las reformas radicales. Los Ministros más jóvenes, inexpertos y pasionales se niegan a construir acuerdos con los demás sectores y parecen desconocer la realidad de la dinámica parlamentaria.
Algo muy parecido a lo ocurrido durante la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. En ese entonces, tras tener un tono conciliador durante los primeros meses de su mandato, la relación con el Concejo terminó totalmente fracturada y el burgomaestre se dedicó a pelear por twitter todos los días con los medios, los partidos, el procurador y básicamente cualquier actor que se opusiera a su gestión.
Pues bien, lo mismo se está repitiendo en la Presidencia. El lenguaje moderado que le permitió a Petro acaparar los votos del centro en la segunda vuelta básicamente desapareció, a tal punto que el discurso que realizó desde el balcón de la Casa de Nariño para legitimar la reforma a la salud fungió como su verdadero discurso de posesión presidencial: cargado de odio contra la clase política, los empresarios, las instituciones y presagiando una movilización de sus bases si el Congreso no aprueba sus proyectos.
Lo más preocupante de esta situación es la constante negativa de ciertos Ministros de matizar sus proyectos y acoger las propuestas del Congreso. En el caso de la reforma a la salud, quizás la más visible de todas, la Ministra Corcho no solo desconoció las observaciones que le plantearon al interior del gabinete, sino que rechazó de plano las líneas rojas que legítimamente expusieron los partidos.
Lo que quizás no entiende la Ministra, ya sea por su inexperiencia política o por su postura ideológica, es que el Congreso no funciona a las malas y mucho menos con amenazas de despedir a todos los funcionarios del Gobierno que tienen respaldo de los partidos políticos.
Nadie puede pretender que los partidos asuman el costo político de defender un Gobierno del cual no son parte, donde no los tienen en cuenta y no tienen voz ni voto. La representación política en el gabinete no es un simple tema de repartir puestos, sino que implica, por un lado, permitir que las bancadas ejecuten las propuestas que le plantearon a las personas en las elecciones y, por otro lado, incorporar las observaciones que hagan los partidos en los proyectos y las políticas públicas.
De hecho, si el Gobierno no entiende que debe ceder y tener voluntad real de construir consensos, no tendrá mayor margen de maniobra legislativa a lo largo de su mandato. Y mucho menos si la tónica que implementará ahora es pedirles la renuncia a los funcionarios cada vez que un partido se niegue a aprobar una reforma a ciegas. Esa dinámica sólo podría llegar a funcionar si el Presidente tuviera niveles altísimos de aprobación, pero este no es el caso.
Es más, contrario a lo que pueden estar contemplando en la Casa de Nariño, la respuesta del Congreso puede ser más hostil y un bloqueo legislativo puede estar a la vuelta de la esquina, con lo cual no solo es la reforma a la salud la que estaría en vilo, sino que proyectos como el Plan de Desarrollo, la ley de adición presupuestal, la agenda de paz y negociación con grupos armados y las reformas constitucionales pueden terminar hundiéndose.
Además, si los partidos tradicionales logran mantener el control de las estructuras territoriales en las elecciones de octubre, tendrán mucho mayor margen de maniobra para actuar con independencia al Gobierno.
En últimas, Petro debe entender que fueron los votos del centro, y no los de la izquierda radical, los que le permitieron llegar al solio de Bolívar. Si implementa una agenda liberal, institucional y matizada, la coalición puede subsistir. De lo contrario, de continuar el camino de la radicalización y de pretender aprobar los proyectos con amenazas, será cuestión de días para que la maltrecha coalición de gobierno explote y el Presidente se quede sin margen de maniobra en el Capitolio.