Por: Nicolás Pérez
Tal como lo advertí la semana pasada, las consecuencias por el incremento en el costo de comercialización en bolsa de la energía eléctrica en Colombia pueden ser desastrosas. La Contraloría prevé un potencial apagón en 2024 debido a la imposibilidad de buena parte de las empresas de adquirir el servicio con las tarifas actuales y, mientras tanto, el Gobierno pareciera no inmutarse.
Una situación crítica que crea una tormenta perfecta. A las sequías que traerá el fenómeno del niño se suma la incertidumbre jurídica y económica que conlleva la agenda regulatoria del Ministerio de Minas. Esta administración ha pretendido intervenir las tarifas, eliminar la capacidad técnica de la CREG y hacer campaña con el precio de los servicios públicos, lo cual ha minado por completo la confianza de un sector que no se sabe cómo garantizará la oferta a mediano plazo.
Y no es para menos. Recordemos que en estos nueve meses del 2023 el precio del kilovatio/hora pasó de $250 a $1.100. Un incremento de cuatro veces el valor que se estaba pagando el año pasado y que sencillamente no es sostenible en el tiempo. Las comercializadoras de energía tendrán que ahogarse en deuda para comprar el servicio o acudir a las termoeléctricas que no son nada económicas.
El problema, es que por donde se mire la situación el mayor valor pagado lo terminará asumiendo el consumidor final, si es que las empresas no quiebran en el camino y lo que comenzó como una advertencia termina en una crisis social sin precedentes. En otras palabras, o el valor de la factura sube estrepitosamente o no habrá luz en buena parte del País.
En especial, en aquellas regiones como la costa y el suroccidente donde hay una altísima dependencia de las comercializadoras a la energía negociada en bolsa. Y lo peor, es que nadie pareciera inmutarse por este tema.
Por un lado, el Congreso, los partidos y los medios están enfocados en las elecciones y las reformas que cursan en el Capitolio, pero nadie se pronuncia sobre una situación que puede ser más crítica que cualquier proyecto de ley.
Por otro lado, el Gobierno actúa con una angustiosa calma como si nada estuviera ocurriendo. No se ven planes de contingencia para hacer frente a las sequías que se vienen ni tampoco la intención de tranquilizar al mercado y tratar de disminuir el precio del kilovatio en bolsa al adoptar medidas que brinden estabilidad jurídica y financiera a los inversionistas del sector.
Por el contrario, toda la atención de la administración se centra en promover movilizaciones con recursos públicos, atacar al empresariado con alocuciones cargadas de odio y tratar de imponer a las malas las reformas en el legislativo. Nadie habla de la tragedia que puede ocurrir el próximo año si se corta la luz y eso sencillamente no es normal.
No quisiera pensar que la idea del Gobierno es permitir la quiebra de las comercializadoras de energía para posteriormente asumir la prestación del servicio y centralizar toda la operación en el Ministerio de Minas, pero las intenciones fuertemente estatistas que se ven en la reforma a la salud y la pensional permiten prever que esto puede suceder.
De hecho, si el precio del kilovatio no baja en la bolsa y las empresas se revientan financieramente, nada impediría que el Gobierno alegue una situación de emergencia para apoderarse del negocio, sacar a los privados del mercado y empezar a subsidiar directamente las facturas de energía de cara a las elecciones del 2026.
Ojalá esto no suceda y los temores se disipen, pero este es un tema con el cual hay que tener una preocupación absoluta. Nada sería mejor para el Gobierno Petro que impulsar la campaña de su sucesor a través de una disminución radical en la tarifa de la energía, promovida por el Ministerio de Minas, a pesar de las graves implicaciones fiscales y económicas que ello traería a mediano plazo.