Por: Nicolás Pérez
Contrario a lo que necesita el País, el Gobierno Petro está haciendo todo lo posible para que la inflación no disminuya. El incremento en el precio de los combustibles y el anuncio de nuevos aranceles no reactivarán la economía nacional ni será la solución mágica para acabar con el déficit fiscal, pero sí tendrá un impacto directo en el bolsillo de los hogares.
En primer lugar, se equivoca el Presidente al afirmar que el alza en precio de la gasolina solo afecta a los ricos y no a los pobres. Sí, puede que estadísticamente los hogares de ingresos altos tengan más carros que las familias vulnerables, pero la dinámica del sector transporte afecta a toda la población, en especial a los de menor capacidad adquisitiva.
En efecto, lo que no tiene en cuenta el Gobierno, ya sea por desconocimiento o arrogancia, es que toda la cadena de suministro de bienes y servicios está entrelazada por el transporte de los productos y si los costos de producción de este segmento aumentan, necesariamente el precio que paga el consumidor tendrá que ser mayor.
Pensemos, por ejemplo, en el camión que transporta la papa, la carne, el arroz y en general todos los alimentos desde las zonas rurales del País hasta las plazas de mercado de las ciudades. Aquí no estamos hablando de mega empresarios con grandes flotas de vehículos eléctricos que no necesitan gasolina para funcionar, sino de miles de pequeños y medianos comerciantes que dependen de una camioneta o un camión para subsistir.
Y claro, no hay que ser un genio para darse cuenta que cada vez que aumenta el precio de la gasolina el valor de los alimentos indiscutiblemente tendrá que subir, dado que ese mayor valor que tiene que pagar el transportador se traslada al consumidor. De no hacerlo, estarían produciendo a pérdida.
Por eso, si hay un subsidio que vale la pena mantener y que permite mantener el costo de vida bajo es el de los combustibles. No para enriquecer a los más adinerados, sino para que el bolsillo de las familias de todo el País no se desangre pagando más dinero semana tras semana para adquirir los elementos más esenciales para subsistir.
Lógicamente, sostener el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, a través del cual se mantiene bajo el precio de la gasolina, exige un esfuerzo presupuestal por parte del Gobierno que debería ser prioritario, pero que parece no captar en lo más mínimo la atención de esta administración. Por el contrario, el Ministro de Hacienda, sin sonrojarse, anuncia que el precio del galón subirá hasta los $16.000, sin tener en cuenta el impacto que esto genera en los más vulnerables.
En segundo lugar, el Presidente anunció la imposición de más aranceles como respuesta al alza de las tasas de interés del Banco de la República. Por un lado, preocupa el constante choque de la Casa de Nariño con esta institución. La independencia del Banco fue uno de los principales logros de la Constitución de 1991 y cada vez más se ve amenazada por un Gobierno que busca afanosamente capturar la entidad que tiene en sus manos la potestad de emitir dinero.
Por otro lado, más aranceles implican más inflación. Si el costo de importar productos extranjeros aumenta, su precio para el consumidor final también será más alto. Y si en Colombia no consumiéramos bienes foráneos, no tendríamos problemas, pero la realidad es otra. Desde los insumos agropecuarios hasta el sector tecnológico o el textil depende en buena parte de ítems que no se producen en el País.
Por ello, si a un mayor incremento en las tasas de interés se suman más aranceles, lo único que se logra es disparar el costo de vida de los hogares. El acceso a los créditos es más difícil y la adquisición de bienes es más costoso, cumpliendo así la máxima que sostiene que la inflación termina operando como un impuesto que afecta a las personas de menores recursos. Paradójicamente, en una administración que defiende un cambio que, hasta ahora, nada ha cambiado para bien.