Hace dos años Colombia perdió el grado de inversión de la deuda en moneda extranjera. Una decisión que cayó como un baldado de agua fría para el País y que creó un panorama complicado para el Gobierno y las empresas, el cual no parece mejorar con la actual administración.
Para recordar, el grado de inversión es una calificación que establecen unas agencias especializadas, llamadas calificadoras de riesgo, donde se determina que las condiciones de un País son estables y es conveniente invertir en él.
Esta calificación es observada con detenimiento por fondos de inversión y acreedores internacionales para fijar las tasas de interés que le cobran a la Nación por prestarle recursos y decidir si traen o no su capital al País. Al igual que sucede con las empresas y las personas cuando van a pedir un crédito en un banco, entre más alto sea el riesgo de no pago más altos serán los intereses que se cobren.
Por eso, apenas se conoció la decisión de las calificadoras de riesgo era claro que el principal objetivo económico de Colombia a mediano plazo era recuperar esta distinción, dado que, entre otras consecuencias, en adelante a la Nación le saldría más costoso financiarse, dejando de invertir dinero en política social para destinarlo a más intereses del pago de la deuda.
Para lograrlo, eran necesarias dos cosas. La primera, disminuir el nivel de endeudamiento que a raíz de la pandemia superó el 60% del PIB, tope que habían fijado las calificadoras para mantener una evaluación positiva. La segunda, poner en marcha un plan de corrección fiscal donde se lograra disminuir el déficit, incrementar los ingresos de la Nación y estabilizar el gasto público.
Es decir, que los ingresos logren cubrir los gastos y los acreedores tengan certeza que el País tiene cómo pagar las deudas que adquiere.
Y claro, uno podría pensar que la reforma tributaria del Gobierno Petro que se aprobó el año pasado iba encaminada en ese propósito, pero eso no es necesariamente cierto. En especial, porque los $20 billones de mayor recaudo que genera esa ley no se irán en su totalidad al pago de la deuda, sino que, por el contrario, buena parte de ellos se usarán para incrementar el gasto público con diferentes programas, lo cual perpetúa la problemática de base.
Sumado a ello, y más preocupante aún, el curso de las reformas a la salud, laboral y pensional crea un panorama de incertidumbre fiscal y económica que en nada contribuye a recuperar la confianza de las calificadoras de riesgo. Por ejemplo, el propio MinHacienda estimó que la reforma a la salud le costaría al País $113 billones en 10 años, dado que el Estado asumiría casi toda la carga de la prestación del servicio. ¿De dónde saldrá esa plata? Nadie sabe…
De igual manera, la reforma pensional genera más preocupaciones que certezas. Nada garantiza que en el modelo planteado el Gobierno no utilice el ahorro pensional de los trabajadores para disparar el gasto en subsidios que no tendremos cómo pagar en unos años. Fácilmente, a la vuelta de la esquina, el Estado quedará a cargo de la mayoría de pensiones del País y de un bloque inmenso de programas sociales que no habrá cómo financiar.
Y por los lados de la reforma laboral el horizonte es aún más gris. La regulación que se pretende imponer al sector privado parece diseñada para satisfacer las exageradas demandas de los sindicatos y dejar sin margen de maniobra a las empresas. Si el proyecto se aprueba tal cual como se radicó, es altamente probable que buena parte del sector productivo decida dejar el País y buscar nuevos espacios en otras naciones, con lo cual subirá el desempleo, no habrá cómo disminuir los índices de pobreza y el recaudo del Gobierno, que proviene principalmente de las compañías, caerá.
En últimas, con las condiciones políticas y económicas que propone la actual administración será bastante difícil recuperar el grado de inversión e, inclusive, no sería extraño que las calificadoras disminuyan aún más la evaluación que tenemos hoy en día. El afán del Gobierno por expandir el gasto público y entregarle al Estado la responsabilidad de asumir servicios que hoy presta de manera eficiente el sector privado conlleva a un preocupante escenario de incertidumbre fiscal y económica a mediano plazo que, con toda razón, no será bien visto por las calificadoras de riesgo.
