Bogotá, 25 de agosto de 2020: Este martes fue radicado el proyecto de Acto Legislativo que busca la exigencia del título universitario para ser congresista y altos cargos del Estado, el cual es impulsado por el senador Nicolás Pérez y cuenta con el apoyo de 16 congresistas más del Centro Democrático. La iniciativa fue presentada ante la Secretaría General del Senado de manera presencial.
Al respecto, el senador Nicolás Pérez explicó que la iniciativa busca elevar la calidad del debate político que se da en el legislativo, pues la función del Congreso de la República demanda el desarrollo de importantes debates de carácter técnico que repercuten sobre el bienestar a los colombianos.
De acuerdo con el senador “no es equitativo que, mientras que a miles de colombianos se les exige cierta preparación para desempeñar cargos en el sector privado, a un congresista que tiene en sus manos el poder de decidir sobre asuntos que impactan al país no se le haga una exigencia mínima de una carrera universitaria”.
Añadió que muchos critican al Congreso, por eso “estamos impulsando una propuesta bien intencionada con la que buscamos avanzar y dar un paso para mejorar la entidad” .
En este sentido, explicó que el requisito del título es proporcional a las responsabilidades del cargo y al salario de los congresistas: “mientras que a un colombiano en el sector privado se le exige posgrado, experiencia profesional y manejo de idiomas para ganarse 5 o 10 millones, a un aspirante al Congreso, que gana 25 salarios mínimos al mes, más de 30 millones, no se le exige siquiera haber culminado su pregrado”.
El senador del Centro Democrático manifestó que el proyecto de Acto Legislativo no restringe el derecho a la participación política en Colombia, dado que no se afecta el proceso de conformación de partidos políticos, el voto o la posibilidad de expresar sus opiniones frente al funcionamiento del Estado y, adicionalmente, no se altera el acceso a otros cargos como las gobernaciones, las alcaldías, los concejos, las asambleas, las JAL, etc.
Finalmente, enfatizó en que la iniciativa adiciona una exigencia a las ya existentes para ocupar altos cargos del Estado, pues actualmente hay limitaciones como: la edad, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que le impide a las personas llegar a ciertas dignidades y la prohibición de la reelección en cargos como la Presidencia, los magistrados de las altas cortes o los órganos de control.