Por: Nicolás Pérez
La colaboración con la justicia de Nicolás Petro pone contra las cuerdas al Presidente. La legalidad de la campaña está en entredicho por violar los topes y haber utilizado recursos irregulares. El Gobierno tendrá que pasar a la defensiva y seguramente afrontará un nuevo proceso 8.000 en el Congreso. Este es el panorama que puede ocurrir:
El trámite para investigar y juzgar al primer mandatario en el legislativo se compone de dos grandes partes. En la primera, la Cámara de Representantes, quien en este caso actúa de Fiscal, investiga los hechos denunciados y las pruebas aportadas para concluir si el Presidente actuó de manera indebida. Esta labor se realiza por parte de la Comisión de Acusaciones.
Allí, los Representantes analizan la situación y votan a favor o en contra de procesar al Jefe de Estado. Si la mayoría de la Comisión respalda la investigación, el caso pasa a la Plenaria de la Cámara, donde la totalidad de la corporación examina el expediente y deciden si hay mérito para acusar formalmente al Presidente ante el Senado.
Si la Cámara así lo considera el expediente pasa al Senado, quien funge como Juez. En esa entidad, el proceso llega primero a la Comisión de Instrucción del Senado, la cual analiza las pruebas y decide si respaldar o hundir la acusación. Si la votación apoya la acusación, el caso se presenta ante la Plenaria del Senado, quien finalmente decide por mayoría de dos tercios el caso.
En caso que el Senado decida retirar al Presidente del cargo, una decisión que no es apelable, la Vicepresidente queda al mando del Gobierno hasta que finalice el periodo por el cual fueron electos, es decir, no hay una convocatoria a elecciones presidenciales atípicas.
Como puede observarse, a pesar que en estos procesos el Congreso asume funciones judiciales, las decisiones se toman a través de votaciones al igual que sucede con los proyectos de ley. Esto implica que más allá de las pruebas que haya, las cargas políticas son las que deciden el futuro del primer mandatario.
Dicho esto, a pesar que hay similitudes entre el 8.000 y este nuevo proceso, también hay diferencias que pueden marcar el curso de la historia. Por ejemplo, Samper provenía de la clase alta bogotana y contó con el respaldo del establecimiento que, en últimas, lo protegió tras considerar que sería perjudicial para el País que se afectara la institución presidencial. Por eso el caso murió en la Plenaria de la Cámara y la acusación nunca llegó al Senado.
Sin embargo, con Petro no sucede lo mismo. No solo porque no tiene origen en la clase política tradicional, sino por las constantes confrontaciones que ha tenido con los partidos, los empresarios y prácticamente todo aquel que se atreva a cuestionar su gestión, lo cual le puede generar un desgaste considerable.
Por ejemplo, la designación de Luis Fernando Velasco como Ministro del Interior fue un claro desafío al liderazgo del Presidente Gaviria en el Partido Liberal, sectores económicos como el de la construcción están al borde de la quiebra con las decisiones de este Gobierno, los conservadores fueron prácticamente expulsados de la administración y los señalamientos a los medios por parte de la Casa de Nariño no tienen cuando parar, entre otras cosas.
Por ello, no es seguro que la clase política vaya a respaldar automáticamente al Presidente. Esa es una decisión que se irá moldeando a medida que se conozca el material probatorio que exponga la Fiscalía y se vaya recomponiendo, o empeorando, la relación entre el Congreso y el primer mandatario.
Ahora bien, ¿qué tan conveniente sería la destitución del Presidente? Por un lado, el caso peruano nos demuestra que retirar del cargo a los Jefes de Estado puede derivar en una profunda crisis institucional que no tiene cuándo parar. Además, Petro podría victimizarse y movilizar a sus bases en contra del Congreso, causando así una grave alteración al orden público. Y Francia asumiría la batuta del País.
Por otro lado, si las pruebas demuestran que hubo irregularidades en la campaña y el Presidente tenía conocimiento de ello, la sanción del Congreso sería un mensaje de fortaleza institucional nunca antes visto que protegería la Constitución y la independencia de poderes. Así mismo, se dejaría claro que nadie está por encima de la ley y se castigaría a los responsables.
Lo que sí es cierto, es que esa es una decisión que deben tomar los congresistas con suma cautela y responsabilidad institucional. El País está primero que las peleas políticas y la decisión que más convenga para todos los colombianos es la que debe reintar.