Por: Nicolás Pérez

La trágica masacre que presenciamos hace dos semanas en Rionegro denota una cruda realidad que preocupa en nuestro Departamento: la seguridad no va bien. Seguimos teniendo indicadores delictivos demasiado altos y en determinadas zonas la situación es crítica, a lo que tenemos que sumar la escasa asignación presupuestal para seguridad en este cuatrienio.
De acuerdo al Ministerio de Defensa, a corte de 31 de mayo de 2024 en Antioquia registramos 22 atentados terroristas, 15 secuestros, 627 homicidios, 9 masacres y 15.625 hurtos, solo por mencionar los principales delitos y sin hacer referencia al incremento de cultivos ilícitos y grupos armados ilegales, lo cual se ha disparado a nivel nacional. Si la tendencia se mantiene, superaremos este año los 45.000 hurtos, 1.749 homicidios y 37 masacres que tuvimos en 2023.
A lo anterior, debemos sumar 813 casos de extorsión, 9 uniformados asesinados, 7 más que el mismo periodo de 2023, y 40 soldados y policías heridos, 25 más que el año pasado. Una verdadera barbaridad. Antioquía es la segunda región más importante del País en términos económicos y demográficos, por lo que no puede ser posible que sigamos teniendo indicadores tan malos en seguridad.
En este contexto, preocupa que el recién aprobado Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo del Departamento poco ayude en esta materia. Para este cuatrienio se prevé recaudar $27.9 billones, de los cuales apenas $398.000 millones, el 1.4%, se destinarán a seguridad.
Para poner esta cifra en contexto, en el cuatrienio 2016-2019 al componente de seguridad-paz se le asignaron el 3.5% de los recursos y en el periodo 2020-2023 dicho rubro representó el 2.7% del total. Es decir, desafortunadamente estamos presenciando la caída más drástica del presupuesto asignado a seguridad en 8 años, al punto que esta administración igualó el precario 1.4% que se asignó de 2012 a 2015. Algo que nadie esperaba.
Con estos recursos será muy difícil, por no decir imposible, que se logre derrotar a las estructuras criminales que hacen presencia en el Departamento y son responsables de los crímenes atroces que estamos presenciando. De hecho, ¿cómo pretende la administración reducir los indicadores de criminalidad con escasos $100.000 millones anuales para cubrir un Departamento de 7 millones de habitantes?
En contraste, Bogotá, con la misma población y sin la incidencia significativa de grupos armados y cultivos ilícitos que tiene Antioquia, asignó $607.726 millones a la Secretaría de Seguridad en 2024, seis veces más de lo que proyectó destinar la actual administración Departamental.
Hubiera sido deseable que el sector seguridad, en vez de ocupar el último lugar en la asignación de recursos del Plan Plurianual de Inversiones, fuese uno de los campos privilegiados presupuestalmente. Al fin y al cabo, esa es la única forma de superar, por ejemplo, el alarmante déficit de Policías que tiene Antioquia, que solamente en Medellín asciende a 5.636 uniformados, y robustecer las capacidades de investigación, inteligencia y tecnología de la Fuerza Pública en el Departamento.
Sobre todo, porque no se puede esperar el apoyo del Gobierno Nacional en este punto. La relación del Palacio de Nariño con la Alpujarra no es la mejor y si las 4G están estancadas por esta razón, es previsible que pase lo mismo con el tema de seguridad.
Además, la directriz del Ministerio de Defensa bajo la política de la Paz Total ha conllevado a un apaciguamiento de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. En otras palabras, el Gobierno tiene a los uniformados amarrados de manos, lo que ha generado que la extorsión se dispare un 29% frente al primer semestre de 2023, razón por la que el esfuerzo de los mandatarios territoriales debe ser mayor para recuperar la seguridad en sus respectivas regiones, lo que comienza por incrementar el pie de fuerza y robustecer la dotación tecnológica y operacional.
En especial, en un Departamento como el nuestro que, desafortunadamente, es el quinto con mayor cantidad de cultivos ilícitos sembrados en el País y actualmente sufre en cuatro subregiones, Urabá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, una guerra sin piedad entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, quienes luchan por controlar el tráfico de drogas y la minería ilegal, lo que repercute en una población atemorizada que padece homicidios y desplazamientos por doquier.
Ojalá, por el bien de Antioquia, que el faltante presupuestal para este cuatrienio se compense con una determinación política inquebrantable para combatir la criminalidad. Garantizar la seguridad es la primera obligación del Estado y una condición indispensable para que crezca la inversión, pero sin recursos, desafortunadamente, es bastante difícil lograrlo.