Por: Nicolás Pérez
Por primera vez en 22 años la inflación llegó a dos dígitos en Colombia y se ubicó en 10.21%. Una realidad difícil que si bien es verdad responde a una dinámica global, es necesario contrarrestar con decisiones urgentes a nivel local. Sobre todo, porque son las familias vulnerables las que más sufren las consecuencias de este fenómeno.
De hecho, siempre se ha considerado que la inflación opera como una especie de impuesto que castiga a los sectores de menores recursos, dado que quita de sus manos una parte considerable de su capacidad adquisitiva. Eso sí, con la diferencia que no se está recibiendo ningún servicio o contraprestación adicional a cambio.
Situación que, lógicamente, no impacta de igual manera a los hogares de mayores recursos, quienes pueden darse el lujo de pagar un poco más por los mismos productos que consumían antes sin que ello repercuta en dificultades para su bolsillo.
Dicho esto, lo que estamos viviendo en Colombia es preocupante. Por un lado, el sector que más ha jalonado el incremento en el costo de vida es el de alimentos con una variación del 24.61%, seguido por restaurantes y hoteles con 15.2% y bienes y servicios para el hogar con 13.5%. Una dura realidad que se siente en el día a día cuando vemos que hacer mercado es más caro, que el dinero no alcanza para comprar la carne, la leche o los huevos y que las familias deben limitar sus adquisiciones a los bienes más esenciales.
Debido a esto, el Gobierno entrante tendrá que ser muy precavido con la política arancelaria y de comercio exterior que implemente, dado que, por mencionar un caso, si imponen restricciones a la importación de alimentos o insumos agropecuarios el efecto inflacionario podría ser aún peor, pues habría menos bienes disponibles en el mercado y, en consecuencia, los restantes se encarecerían.
Por otro lado, hay un factor que no hemos sentido en el País, pero que puede agravar aún más la situación en el mediano plazo: el precio de los combustibles. En efecto, el Gobierno Nacional ha venido subsidiando fuertemente durante los últimos meses estos productos para compensar la reciente alza del petróleo, lo cual ha permitido que los colombianos no sufran las consecuencias de estos fenómenos externos.
Por ejemplo, mientras que en Colombia el galón de gasolina está en un promedio de $9.200, en Estados Unidos, donde no hay subsidios de esta naturaleza y el precio de los combustibles los determina el mercado, el mismo galón se acerca a los US$5, es decir, unos $21.500. Esto quiere decir que por cada galón que tanquee un colombiano, el Gobierno le está regalando unos $12.000 aproximadamente.
Lo anterior, claramente, tiene unas notorias consecuencias fiscales para la Nación, a tal punto que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es el instrumento a través del cual se canalizan estos subsidios, ya se acerca a los $30 billones y se estima que para fin de año puede llegar a $34 billones.
Por ello, una de las decisiones más urgentes que deberá adoptar la administración entrante es cómo disminuir este déficit sin que los colombianos paguen los platos rotos, toda vez que un alza considerable en el precio de los hidrocarburos tendría un efecto inflacionario directo para toda la población.
De hecho, aunque podría pensarse que el valor de la gasolina solo afecta a quienes tienen carro particular, esto no es así, dado que unos combustibles más caros hacen que se aumenten los costos del sector transporte, lo que, a su vez, se traslada al usuario final.
En otras palabras, si los camiones que transportan los alimentos deben pagar una gasolina más cara, el precio de la comida también se incrementa. Un lujo que no se pueden dar las familias bajo las condiciones actuales.
En últimas, la principal prioridad económica del País en estos momentos debe ser contrarrestar la inflación, lo cual hace prever que el Banco de la República continúe subiendo las tasas de interés para recoger el exceso de dinero circulante en el mercado. Una tarea que no es menor, dado que el País debe competir con la subida de tasas en Estados Unidos, para donde los inversionistas están llevando el dinero al tener mayor remuneración con menor riesgo.
Y el Gobierno, por su parte, dadas las consideraciones expuestas, tiene que encontrar un equilibrio que permita sanear las finanzas de la Nación sin que los colombianos asuman consecuencias negativas.