Por: Nicolás Pérez
A pesar que los ojos de la opinión pública se han puesto sobre la reforma a la salud, no se puede dejar de lado lo que suceda con la reforma pensional. Una iniciativa que, en términos generales, corrige uno de los principales problemas del sistema, el subsidio a las megapensiones, y plantea un cambio positivo a mediano plazo, pero que tiene dos micos preocupantes que deben corregir los ponentes.
En primer lugar, el proyecto plantea que quienes ganen hasta tres salarios mínimos deben cotizar obligatoriamente en Colpensiones y aquellos que perciban más de ese monto podrán escoger el fondo privado -AFP- que deseen. Muy seguramente el Congreso reduzca esa cifra a uno o dos salarios para hacer más viable el proyecto y no generar una afectación tan fuerte a los fondos de pensiones.
Esta idea, vale resaltar, permite que el gasto pensional del Gobierno se concentre en las personas de menores recursos y no se destine a cubrir las megapensiones de los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, el gran problema es la transición entre regímenes que plantea el proyecto. Me explico:
Actualmente los fondos de pensiones administran $360 billones de pesos de 18 millones de trabajadores. De esta cifra, el 35.8% corresponde a aportes de trabajadores que ganan 1 salario mínimo y el 43.9% de aquellos que perciben de 1 a 2 salarios. Esto implica que, por ejemplo, si en la reforma pensional se fija el monto de aporte obligatorio a Colpensiones en 1 salario, los fondos de pensiones deberán trasladarle al Gobierno $128.8 billones y si el tope se fija en 2 salarios, esa cifra ascendería a $286.9 billones.
Claramente, esta dinámica se traduce en felicidad para el Gobierno a corto plazo y un dolor de cabeza para el País a largo plazo, toda vez que ese exceso de recursos lo puede terminar utilizando esta administración para incrementar los subsidios de manera desproporcionada sin que a futuro haya cómo mantener tal nivel de gasto.
De hecho, el proyecto plantea un pilar solidario donde se le entregaría $223.000 mensuales a 2.5 millones de adultos mayores, lo que costaría unos $6.6 billones anuales y entre $70-$80 billones por década dependiendo del comportamiento de la inflación. Una cifra que hoy en día no hay cómo financiar y que terminaría siendo cubierta por el ahorro pensional de los trabajadores.
En otras palabras, el Gobierno tomaría ese exceso de caja para hacer política entregando subsidios por todo el País, mientras en unos años no habrá cómo pagar las pensiones de los afiliados a Colpensiones y mucho menos sostener dichos subsidios.
Además, no deja de ser preocupante que tal descapitalización de los fondos de pensiones terminará repercutiendo en las finanzas del Gobierno, dado que estos son los principales tenedores de los títulos de deuda pública -TES- a través de los cuales se financia el Presupuesto General de la Nación. De hecho, las AFP actualmente tienen $115.3 billones invertidos en estos títulos, casi el mismo monto que equivale a los aportes de todos los trabajadores que ganan 1 salario mínimo.
En segundo lugar, el artículo 77 del proyecto plantea que aquellas personas que tengan más de mil semanas cotizadas y les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión tendrán dos años para trasladarse de régimen dentro del sistema actual. Es decir, los trabajadores que están cerca de jubilarse podrían pasarse de los fondos privados a Colpensiones sin importar sus ingresos, algo que hoy en día está prohibido.
Este traslado express de régimen podría llevar a que miles de trabajadores de altos ingresos como empresarios, directivos, inversionistas, etc. que hoy en día cotizan en los fondos privados terminen percibiendo una millonaria pensión subsidiada por parte del Estado. Algo que paradójicamente busca acabar la reforma.
Esto fue algo que se propuso hace cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Duque, pero fue rechazado debido a que generaba un impacto fiscal cercano a los $50 billones. De mantenerse esta propuesta, no tendría ningún sentido la intención de la reforma y se agravaría aún más el déficit fiscal del País en esta materia.
Para decirlo de otra manera: ahí si que nadie se pensionaría y se reventaría el Presupuesto del Gobierno. Ojalá que el Congreso tome nota de estas preocupaciones y ajuste un proyecto bien intencionado, pero que genera serias dudas en su implementación.