Por: Nicolás Pérez
La semana pasada comenté las preocupaciones que genera la política de gasto de este Gobierno y cómo se hace cada vez más difícil la recuperación del grado de inversión. Pues bien, la Ley de Adición Presupuestal en poco o nada contribuye a esta problemática y, por el contrario, puede complicar más las cosas.Aquí les explico por qué:
Cuando el Gobierno presentó la reforma tributaria el año pasado indicó que el recaudo adicional superior a los $20 billones se incorporaría al Presupuesto General de la Nación 2023 a través de una Ley de Adición Presupuestal, la cual se presentó a comienzos de año y había estado quieta en las Comisiones Económicas hasta esta semana, cuando el Ministro de Hacienda sorprendió a todos diciendo que el monto de ese proyecto se reduciría de $25.4 a $14.7 billones.
La explicación del funcionario es que ya no se haría el cruce de cuentas entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda para pagar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC. Es decir, en el proyecto no se incluiría el dinero para pagar el déficit que ha generado el subsidio a la gasolina, dado que eso se cancelará con los dividendos de la petrolera.
Puntualmente, se proyecta que Ecopetrol le transfiera a la Nación $21 billones por ganancias del año pasado, de los cuales $18 billones se irían a sanear el FEPC. Sin embargo, esa explicación del Ministro genera varios interrogantes.
En primer lugar, en el proyecto radicado en febrero nunca se incluyeron los $18 billones para el pago del FEPC. De hecho, la exposición de motivos es clara en indicar que el déficit del FEPC se cancelaría con los dividendos de Ecopetrol, tal como quedó aprobado en la Ley de Presupuesto. Siendo esto así, no tiene razón de ser que se disminuya el monto de la adición, dado que dentro de los $25.4 billones inicialmente proyectados nunca estuvieron incluidos los mencionados $18 billones.
En segundo lugar, el recorte de $10.7 billones que anunció el Ministro implica que varios sectores van a quedar gravemente desfinanciados. Por ejemplo, para transferencias monetarias (subsidios) se había destinado $5.6 billones, educación $4.5 billones, salud $3.5 billones, agricultura $3 billones, minas y energía $1.6 billones, vivienda $1.5 billones, entre otros.
Claramente, la reducción de la adición puede dejar varios programas en el aire, tales como Mi Casa Ya, los subsidios de energía y gas o el rezago que existe en la UPC del 2022 por el incremento de la inflación. ¿Cuáles serán los rubros sacrificados? Es urgente que el Gobierno de claridad al respecto lo antes posible.
En tercer lugar, la disminución de $25.4 a $14.7 billones de la adición también se traduce en que la reforma tributaria del año pasado no cumplió las metas de recaudo que inicialmente tenía previsto el Gobierno y, al igual que en la consideración anterior, el Ministerio de Hacienda y la DIAN deben aclararle al País por qué se proyecta un menor recaudo para 2023.
En especial, porque en su momento se dijo que la tributaria era necesaria para estabilizar las finanzas de la Nación y garantizar la cobertura de los programas sociales, pero todo parece indicar que eso no será así. Si el Ministerio reduce el monto de la adición es porque sabe que no va a lograr recaudar los recursos esperados, lo cual muy seguramente es consecuencia de una menor actividad económica, en parte, resultado de subir los impuestos, aumentar los costos de producción y, quien quita, también por el temor que ha generado en el mercado la reforma laboral. Al fin y al cabo, quien invierte hoy tranquilo sabiendo que mañana no tendrá cómo recuperar su capital gracias a la regulación asfixiante del Estado.
En cuarto lugar, y quizás esto es lo más preocupante de todo, habrá que ver cómo queda el pago de la deuda en la nueva versión del proyecto. En el texto de febrero se proyectaba destinar $1.5 billones más a este rubro, pero con el nuevo monto muy probablemente esta asignación se reducirá, con lo cual poco o nada hacemos para recuperar el grado de inversión a mediano plazo.
Más aún, cuando esta administración está disparando el gasto público de manera desproporcionada sin que se preocupe con la misma voluntad en reducir la deuda. Y, para ponerle la cereza al postre, el cambio de monto de la adición presupuestal también envía un pésimo mensaje para las calificadoras, quienes no verán con seriedad la actuación de este Gobierno.