Por: Nicolás Pérez
Esta semana se conoció el borrador de la reforma pensional. A diferencia de lo que ocurre con la reforma a la salud, su contenido no es tan radical, no plantea transformaciones tan riesgosas, tiene temas interesantes y otros que generan preocupaciones. Estas son las observaciones a este primer texto.
Ante todo, lo más importante del proyecto es que acabaría con el subsidio a las megapensiones de Colpensiones. Actualmente el 74% de los recursos del régimen de prima media (Colpensiones) se destinan a financiar las mesadas del 20% más rico de la población, algo completamente insostenible que limita la posibilidad de garantizar una jubilación a los sectores más vulnerables y que tiene contra la pared al Presupuesto General de la Nación.
En efecto, de 2022 a 2023 el costo de las pensiones reconocidas por Colpensiones pasó de $17.4 a $19.3 billones. Un monto demasiado alto que, repito, se destina principalmente a las jubilaciones de mayor monto. Una dinámica que debe acabarse. Colpensiones debe centrarse en las jubilaciones de los trabajadores de menores ingresos y la pensión de aquellos que reciben ingresos altos debe responder a lo que estos ahorraron a lo largo de su vida laboral.
Y algo así es lo que plantea el borrador. Por un lado, los trabajadores que perciban hasta 3 salarios, o sea el 90% de la población, tendrían que cotizar en Colpensiones, mientras que aquellos que ganen de 4 salarios en adelante estarían cubiertos por los fondos privados -AFP-.
Aunque es buena esta relación, preocupa que el tope de ingresos establecido para Colpensiones sea muy alto. Me explico: tanto ahora como a futuro es claro que la pirámide poblacional en Colombia está invertida, es decir, cada vez más tenemos menos jóvenes y más viejos. Siendo esto así, si el 90% de los trabajadores estarían afiliados a Colpensiones, se corre el riesgo que a largo plazo no haya suficientes jóvenes para pagar la mesada de los más adultos.
Esto, porque el régimen de prima media no depende de lo que la persona haya ahorrado a lo largo de su vida, sino que allí los jóvenes son los encargados de pagar las mesadas de los jubilados. Por eso, una buena alternativa que debería discutir el Congreso es reducir el monto de afiliación a Colpensiones de 3 a 1 o 2 salarios, de tal forma que el Estado logre ampliar la cobertura pensional a los más desfavorecidos y se evite que, en unos años, no haya cómo financiar las pensiones.
Dicho esto, la otra gran inquietud es qué va a pasar con las inversiones que realizan los fondos privados con el ahorro pensional de los trabajadores. Recordemos que estos recursos financian, entre otros aspectos, el funcionamiento del Gobierno a través de la compra de bonos de deuda pública -TES- o buena parte del desarrollo del sector privado por medio de la adquisición de acciones o la inversión en proyectos de infraestructura.
De hecho, se estima que con la reforma las cotizaciones en los fondos privados pasarían de $30 a $9 billones anuales, lo cual dejaría en el limbo a este sector que es clave tanto para el Estado como para las empresas. Algo que se solucionaría, de nuevo, disminuyendo el tope de cotización en Colpensiones.
Otro tema que preocupa, y que debe quedar muy claro en la Ley, es cómo va a ser la regulación de las inversiones de los fondos privados. Es claro que el Gobierno debe establecer un marco de acción para que las AFP no hagan locuras con estos recursos, pero hay que tener cuidado que esto no llegue a tal punto que la regulación termine llevando a una quiebra forzada de los fondos. Debe haber unos parámetros mínimos de inversión, pero el Congreso no puede ceder toda la competencia al Gobierno y tiene que lograr un equilibrio en este aspecto.
En términos generales la reforma, si se mantiene con el articulado del borrador, no es tan crítica como se podía llegar a pensar. Por supuesto que hay preocupaciones y temas que se deben aclarar, pero es de resaltar el paso que se toma para acabar con el subsidio a las megapensiones que actualmente desangra el presupuesto de Colpensiones sin justificación alguna.