Por: Nicolás Pérez
Lo que sucedió con la reforma política puede ser el comienzo del fin de la coalición de gobierno. Los partidos tradicionales se bajaron del barco, se distanciaron del Ministerio del Interior y se unieron con la oposición para hundir una de las banderas del Pacto Histórico. ¿Sucederá lo mismo con la reforma a la salud, laboral, plan de desarrollo, sometimiento a la justicia y humanización carcelaria?
Por un lado, lo que traía la reforma política era un verdadero descaro. Se imponían listas cerradas con reelección automática de los actuales congresistas y se establecía la financiación 100% pública de las campañas, prohibiendo así los aportes privados y haciendo presos a los partidos del Ministro de Hacienda de turno.
Además, se autorizaba el transfuguismo para que los congresistas pudieran cambiar de partido sin sanción alguna, lo cual iba a ser utilizado por el Gobierno para fortalecer su coalición a punta de ofrecimientos burocráticos, y se creaba una puerta giratoria para que los parlamentarios pudieran ser Ministros y volver al Congreso en cualquier momento sin perder su curul. Todo mal.
Sin embargo, más allá de lo críticas de estas propuestas, lo realmente increíble fue ver cómo los defensores del proyecto se lavaron las manos e intentaron evadir cualquier responsabilidad apenas se dieron cuenta que la Comisión Primera del Senado tenía los votos asegurados para hundir la reforma.
El Ministerio del Interior culpó a los ponentes de los micos, el Pacto Histórico solicitó retirar el proyecto a pesar de ser autor del mismo, los ponentes afirmaron que todo se había hecho de manera trasparente y al propio Presidente le tocó salir a desvirtuar la reforma a última hora. Quienes hasta hace un mes defendían a capa y espada el proyecto, terminaron culpándose entre sí.
Por otro lado, en el Plan de Desarrollo las comisiones económicas negaron la mayoría de las facultades extraordinarias que estaba solicitando el Presidente para legislar por Decreto y no tener que volver a pasar por el Capitolio por un buen tiempo. Un golpe directo al corazón del Palacio de Nariño propiciado por un Congreso que poco a poco da señales de independencia.
Y si esto no fuere suficiente, las reformas a la salud y laboral están más que empantanadas. La primera, además de tener serios cuestionamientos legales por su carácter estatutario, lleva casi dos meses sin que se haya presentado ponencia. Los partidos no van a permitir que se elimine el sistema de aseguramiento de las EPS y el intento de acuerdo con los conservadores, liberales y la U no ha llegado a ningún punto.
La segunda, apenas una semana después de su radicación, ya fue rechazada por la oposición, los conservadores y se espera que más partidos se sumen a este bloque en los próximos días.
Adicional a esto, los proyectos de sometimiento a la justicia y humanización carcelaria tienen la férrea oposición de la Fiscalía, quien considera que otorgan beneficios desproporcionados a los narcos y se convertirán en una operación de excarcelación masiva y lavado de activos.
Bajo este panorama, todo pareciera indicar que la coalición de gobierno no durará mucho. La luna de miel de los primeros meses entre el Presidente y los partidos tradicionales llegó a su fin y las mayorías del Congreso no están dispuestas a secundar las propuestas radicales de esta administración. El Pacto Histórico, si bien fue la bancada más votada el año pasado, no tiene los votos suficientes para aprobar los proyectos sin el apoyo de los demás partidos.
El Gobierno, si quiere tener gobernabilidad, debe entender que debe matizar sus posturas, construir consensos y alejarse de las posturas extremas. De lo contrario, al igual que sucedió en la Alcaldía de Petro, habrá una fractura total entre el Congreso y el Palacio de Nariño.