Por: Nicolás Pérez
Con total irresponsabilidad el Presidente Petro volvió a defender esta semana su propuesta de cambiar el pago de la deuda por acción climática. Un anhelo romántico y aspiracional que ilusiona a los más desprevenidos, pero totalmente descabellado que esconde la verdadera intención de incumplir con el pago de las obligaciones crediticias de la Nación. Un camino que bajo ninguna circunstancia podemos recorrer en Colombia.
Digo esto porque el Estado, al igual que sucede con las empresas y los hogares, debe pagar sus deudas. Si no lo hace, las consecuencias a futuro son nefastas: se cierra el acceso al crédito y las tasas de interés aumentan por el riesgo de no pago. Nada más pensemos esto:
Supongamos que usted le presta $10 millones a una persona que se los pide afanosamente y se compromete a pagárselos en un año. Sin embargo, a mitad de ese término el deudor le notifica que ya no le va a devolver su dinero, dado que va a compensar ese crédito con la siembra de árboles en un parque. ¿Usted quedaría tranquilo con esa decisión? Por supuesto que no. Básicamente el deudor acaba de robarle el dinero que usted le prestó.
La consecuencia lógica de esta decisión no solamente es que usted como acreedor interponga las acciones legales para recuperar su dinero, sino que a futuro, cuando alguien le pregunte si ese deudor es buena o mala paga, usted cuente lo que le pasó y dé una mala referencia, lo cual hará que nadie se atreva a prestarle dinero y quien lo haga le cobrará un interés altísimo a esa persona para compensar el riesgo de no pago.
Pues bien, eso es lo que está proponiendo el Gobierno. Defraudar a los inversionistas que le prestan recursos al Estado para financiar su funcionamiento. Algo que jamás ha hecho Colombia, a tal punto que el País, sin importar la gravedad de las adversidades que hemos enfrentado, siempre ha cumplido con sus obligaciones financieras, lo cual le ha permitido tener abiertas las puertas al crédito con buenas tasas de interés.
Y vale señalar que cuando digo que esta propuesta implica a defraudar a los acreedores no me refiero a grandes multimillonarios que se pueden dar el lujo de perder dinero sin que nada pase, dado que, por ejemplo, los fondos de pensiones son uno de los principales tenedores de títulos de deuda pública. Es decir, incumplir el pago de la deuda conlleva a arriesgar el ahorro pensional de 18 millones de trabajadores. Algo completamente inaceptable.
Ahora bien, esto no quiere decir que no hay que proteger el amazonas y los ecosistemas claves para la vida. Claro que hay que hacerlo, pero no a costas de defraudar a los acreedores.
De hecho, en vez de proponer estas alternativas absurdas, el Gobierno debió haber sido responsable fiscalmente y haber destinado un mayor porcentaje de la adición presupuestal para el pago de la deuda, tal como afirmó cuando llevó al Congreso a aprobar la reforma tributaria el año pasado.
En teoría, la razón para eliminar los incentivos a la inversión que establecimos en 2019, que permitieron tener la tasa de crecimiento económico y de inversión extranjera directa más alta en seis años, y aumentar los impuestos a las personas naturales era subir los niveles de recaudo de la Nación para disminuir el alto endeudamiento derivado de la pandemia.
Sin embargo, ello no fue así. De los $16.9 billones que se adicionaron al Presupuesto General de la Nación 2023, ni un solo centavo se destinó al pago de la deuda. Por el contrario, la totalidad de esos recursos financiarán un aumento del gasto público que pareciera nunca parar en este Gobierno para cubrir rubros innecesarios como la desbordada burocracia del Ministerio de la Igualdad.
Dadas estas circunstancias, es urgente que las Comisiones Económicas del Congreso hagan una supervisión permanente al manejo fiscal del Gobierno y no permitan que este tipo de propuestas tengan futuro. El pago de la deuda es un rubro innegociable en la discusión del Presupuesto y lo último que necesitamos como País es que los acreedores nos cierren el acceso al crédito o nos suban las tasas de interés por los anuncios irresponsables del Presidente.