Por: Nicolás Pérez
Aunque suene increíble, pareciera que el Gobierno está haciendo todo lo posible para que crear empleo en Colombia sea cada vez más difícil. La persecución normativa y tributaria al sector productivo empaña cualquier ilusión de emprendimiento y hace prever un futuro incierto para los millones de trabajadores que pueden quedar en el aire con las reformas de esta administración.
A inicios de febrero había advertido sobre los riesgos que traería la reforma laboral con medidas como el incremento de los recargos dominicales, la modificación de la jornada nocturna o la ampliación de la licencia de paternidad, dado que ello incrementaría considerablemente los costos de producción y podría llevar a que las empresas deban recortar personal para asumir las nuevas cargas.
Pues bien, esta semana se conoció un borrador del articulado que trabaja el Ministerio del Trabajo y la cosa es mucho peor de lo que se pensaba. Hasta el momento, no solo se mantienen las tres modificaciones anteriormente descritas, sino que se adoptan unos cambios en la legislación que dejarían contra la pared a las empresas del País, sobre todo a las micro, medianas y pequeñas que son responsables del 79% de los empleos en Colombia.
Por ejemplo, el proyecto pretende permitir la huelga en cualquier momento y sin límite de tiempo, lo cual llevaría a un extremo realmente peligroso que perfectamente puede derivar en una constante extorsión de los sindicatos.
Pensemos, por poner un caso, en el funcionamiento de cualquier fábrica, donde existe una proyección de producción por horas y cualquier retraso implica pérdidas millonarias para la empresa. Con la reforma, y el poder desbordado que se les da a los sindicatos, estos pueden sabotear en cualquier momento y por tiempo indefinido a los empleadores sin que se puede hacer algo.
Una dinámica que puede sonar garantista para los más desprevenidos, pero que hace pensar a más de un inversionista en la conveniencia de traer su dinero a Colombia.
Por otro lado, el texto prohíbe los despidos sin justa causa. Es decir, los empleadores ya no podrían prescindir libremente de los trabajadores pagándoles la respectiva indemnización, sino que ahora deberán probar que el empleado incurrió en una irregularidad grave para cancelarle el contrato.
Esto, en otras palabras, significa que los trabajadores se terminarán atornillando en sus puestos así sus niveles de productividad no sean los mejores. Algo semejante a lo que ocurre hoy en día con los funcionarios de carrera del Estado, cuya desvinculación es tan engorrosa que termina abriéndoles la puerta para que no cumplan horarios y sean ineficientes sin que haya consecuencia real alguna.
Además, este aspecto puede convertirse en la principal barrera de acceso al empleo de las nuevas generaciones, dado que los jóvenes tendrían que esperar a que los actuales titulares de los puestos se jubilen o renuncien por voluntad propia para acceder a esas plazas.
Y por si esto no fuese suficiente, el articulado crea un conjunto de fueros que, aunque bien intencionados, terminarán afectando la contratación de las personas que pretenden proteger. Me explico: el borrador establece que las empresas solamente podrán desvincular a personas con discapacidad y a padres y madres cabeza de familia si existe autorización judicial. Es decir, así estos trabajadores incurran en causal de despido con justa causa, los empleadores tendrán que pedirle permiso a un juez para sacarlos de la nómina.
Un proceso demorado y costoso que le generará más de un dolor de cabeza a las empresas, las cuales muy seguramente, para evitarse el riesgo de litigio, preferirán contratar personas que no cuenten con estas condiciones.
Por eso, si hoy en día es difícil para una madre cabeza de familia o alguien con una limitación física conseguir empleo, con la reforma va a ser prácticamente imposible y muy seguramente los índices de desempleo femenino se dispararán aún más.
En últimas, si el texto se mantiene tal cual como está en el borrador, la situación de empleo en Colombia no tiene cómo mejorar. Adicional a tener la inflación y las tasas de interés más altas en 20 años, el País no se puede dar el lujo de implementar unos cambios normativos que atornillen a los trabajadores actuales, les cierre las puertas a la contratación de los jóvenes e impida la vinculación de las personas más vulnerables de la sociedad.
