Por: Nicolás Pérez
Finalizó la primera legislatura del Gobierno Petro y el balance es bastante mediocre. La ambiciosa agenda de proyectos que se planificó a comienzos de año quedó en el aire. La mayoría de iniciativas se hundieron y las pocas que se aprobaron corren el riesgo de caerse en la Corte por vicios del procedimiento. Veamos los siguientes casos:
De las tres reformas sociales que radicó el Gobierno, sólo la pensional avanza con relativa calma. Esta fue aprobada en primer debate y tiene todavía un año para salir adelante. Por su parte, la reforma laboral, afortunadamente, se cayó en la Comisión Séptima de la Cámara. Ni el Ministerio del Interior ni el Presidente de la Comisión lograron convencer a los partidos para hacer quórum y el proyecto se hundió por falta de discusión. Ojalá entienda el Gobierno que debe lograr consensos y que el Congreso no va a pupitear a ciegas sus propuestas sin que los tengan en cuenta.
Frente a la reforma a la salud, si bien fue aprobada primer debate y su discusión ya inició en la Plenaria la Cámara, los cuestionamientos frente a la legalidad del trámite son innumerables. Nada más por mencionar el más relevante, la mayoría de partidos y gremios argumentan que por ser una regulación del derecho a la salud , que es fundamental desde 2008, se vio tramitar como ley estatutaria, lo cual implica mayorías absolutas, cuatro debates en un año y que la discusión se realice en la Comision Primera. De llegar a aprobarse esta reforma, muy seguramente la Corte la tumbe por esta razón.
Por otro lado, el Ministerio de la Igualdad y el Plan Nacional de Desarrollo – PND-, proyectos bandera de esta administración, si bien fueron aprobados por el Congreso es altamente probable que la Corte aconstitucional los tumbe por vicios de forma que alegó la Senadora Paloma Valencia en las demandas que instauró ante el alto tribunal.
Por ejemplo, varias demandas sostienen que la ley que creó el nuevo Ministerio no tuvo en cuenta el impacto fiscal de la iniciativa, es decir cuánto costaría y de donde saldría la plata para cubrir la nueva burocracia, y habría sido aprobada en primer debate sin el quórum suficiente en la Comision Primera del Senado.
Y frente al PND se sostiene que el informe de conciliación no fue publicado antes de la votación, lo cual implica que el Senado votó a ciegas, sin conocer el nuevo texto. Recordemos que por esta razón la Corte tumbó la ley de financiamiento de 2018.
Por si esto no fuese suficiente, el Código Electoral está pendiendo de un hilo, dado que la sesión en que se votó el informe conciliación tiene serios cuestionamientos sobre su legalidad. Me explico: la oposición solicitó que el 20 de junio se realizara un debate de control político sobre las presuntas chuzadas del Gobierno con base en el derecho que le reconoce el estatuto de la oposición. Sin embargo, el Presidente del Senado desconoció este derecho y dijo que la oposición podía hacer su debate el sábado, domingo o el lunes festivo, más no el martes 20, último día de sesiones. Algo que no tiene sentido. Ningún impacto tiene un debate que se realiza un fin de semana donde nadie le pone atención al Congreso.
Por esta razón, todos los proyectos aprobados en la sesión del 20 de junio, incluido el Código Electoral, corren el alto riesgo de ser tumbados por la Corte.
Finalmente, no puedo terminar este escrito sin antes mencionar los proyectos del Gobierno que fracasaron este año. Adicional a la reforma laboral, también se hundió la reforma política, la comercialización del canabis de uso adulto, humanización carcelaria y sometimiento a la justicia, lo cual deja entrever que la relación entre la Casa de Nariño y el Capitolio no es nada bueno ni promete mejorar en los siguientes meses. Con excepción de la reforma tributaria, se podría decir que poco y nada logró el Gobierno en el año en que, en teoría, tiene mayor margen de maniobra en el Capitolio.