Por: Nicolás Pérez
A todos nos sorprendió el proyecto de ordenanza que radicó la Gobernación de Antioquia buscando establecer una tasa de seguridad en las facturas de servicios públicos. La administración pretendía compensar la escasa asignación presupuestal que destinó a este sector en el plan plurianual de inversiones con un nuevo impuesto que encarecería el ya impagable costo de vida. La iniciativa nació muerta y desnudó una preocupante situación de gobernabilidad.
En primer lugar, como expuse la columna anterior, es alarmante que en el plan plurianual de inversiones para el periodo 2024-2027 la Gobernación solo hubiese destinado el 1.4% de los recursos para seguridad. Esta es la menor asignación presupuestal en 8 años y dista bastante de lo que se esperaba de una administración cuya principal bandera de campaña fue combatir la criminalidad que azota al Departamento.
Estamos hablando de un promedio de escasos $100.000 millones anuales para garantizar la seguridad de 7 millones de antioqueños durante este cuatrienio, mientras que Bogotá, con una población semejante, asignó $607.000 millones para 2024.
Aunque esto es preocupante, los hogares antioqueños no tienen por qué pagar los errores de planeación de la Gobernación. La solución está en distribuir de manera acertada los recursos del Departamento, eliminando gastos innecesarios y reduciendo las partidas a otros sectores con menor relevancia.
En segundo lugar, preocupa bastante que la actual administración departamental esté buscando imponer nuevos impuestos para financiar su programa de gobierno. En 2023 el PIB de Colombia apenas creció un 0.7%, lo que denota que la economía no está nada bien y ni los hogares ni las empresas tienen la capacidad para asumir nuevas cargas fiscales.
De hecho, el país ya está sufriendo las consecuencias de la reforma tributaria de 2022, donde se eliminaron los incentivos a la inversión que establecimos en 2018-2019, los cuales permitieron que Colombia tuviera el mayor crecimiento económico y de inversión extranjera directa en seis años, y se incrementó de manera considerable la tarifa de renta de personas naturales.
En otras palabras, hoy los colombianos están pagando muchos más impuestos que hace dos años, por lo que no es concebible que la Gobernación pretenda imponer más cargas a nivel departamental. Más aún, cuando la tasa de seguridad la iban a asumir las familias en las facturas de servicios públicos, una fórmula perversa que implica que los hogares o pagan el impuesto o no tienen cómo bañarse, cocinar, etc.
En tercer lugar, es evidente que la administración va a acudir a los cobros de valorización como principal herramienta para mejorar el recaudo. Así lo hizo el Gobernador cuando fue Alcalde de Rionegro y todo parece indicar que repetirá la fórmula a nivel Departamental, lo cual quedó evidenciado con la Vaca por las 4G, que muy seguramente termine en un proyecto de ordenanza para imponer esa contribución a todos los contribuyentes, y con este tipo de propuestas que generan ingresos adicionales a costa del bolsillo de las familias trabajadoras.
Finalmente, el hecho que la Gobernación hubiese tenido que retirar el proyecto sin nisiquiera discutir la ponencia de primer debate deja entrever serios problemas de gobernabilidad en la Asamblea. Aunque la propuesta era polémica y contraproducente, no es normal que los diputados la descarten de plano y que la administración termine corriendo para que no haya discusión.
Quizás, los Diputados sienten que sus preocupaciones no tienen eco en los pasillos de la Gobernación o que no los invitan a participar en la toma de decisiones, lo cual sería un error que le puede costar muy caro a la administración. Gobernar no se trata de dar ordenes de manera aislada desde un escritorio, sino de vincular a todos los sectores, escuchar sus propuestas, lograr acuerdos y ejecutar con consenso.
Sea cuál sea el trasfondo de lo que está pasando, lo cierto es que los antioqueños no resisten un impuesto más y los cobros tributarios extraordinarios, como la valorización o las sobretasas, no se pueden convertir en la solución mágica a los problemas de caja de la Gobernación. No se puede imponer un plan de gobierno en perjuicio del bolsillo de los hogares.